El Estado y los concursos de diseño

El diseño es una actividad reconocible y hasta apreciable por la sociedad, que también lo reconoce como un recurso accesible y abundante; aunque falta asegurar su efectiva utilidad como herramienta de comunicación en el imaginario colectivo. La valoración social del diseño es la percepción promedio de nuestros gobernantes del ámbito nacional, provincial y municipal. En este contexto, asistimos a una diversidad de concursos convocados por el Estado, cuyos reglamentos repiten ciertos vicios formales que afectan la calidad de las convocatorias y restringen, en algunos casos de manera abusiva, los derechos de los diseñadores. El común denominador de estas irregularidades es:

• Inconsistencia en la composición del jurado. La mayoría de sus integrantes son ajenos al ámbito del diseño, lo cual afecta su capacidad de evaluación.
• Inconsistencia cronológica. Calendarios explícitos en cuanto a fechas de entrega, pero inciertos o inexistentes para establecer fechas de jura, comunicación a los ganadores y entrega de premios, entre otras.
• Arbitrariedad e inequidad en la atribución de derechos mediante cláusulas en ocasiones avasallantes de los derechos de los participantes.
• Sobreabundancia de requerimientos de aplicación que exceden los requerimientos básicos de un manual de uso standard, tales como aplicación en folletería y piezas publicitarias, entre otras.
• Derecho de veto. Aún compliendo los participantes estrictamente y con solvencia profesional con todos los requerimientos en el desarrollo de las propuestas, igualmente los premios pueden ser declarados desiertos; sin obligación de los organizadores de argumentar las razones objetivas del rechazo masivo.

Este panorama, con variantes y distintos porcentajes de incidencia, se manifiesta en la mayoría de los concurso oficiales. A priori, uno estaría inclinado a pensar que disposiciones de ese tenor son propias de la actividad privada, presuntamente ávida de sacar provecho en cualquier situación. De ahí la frustración cuando provienen del Estado. Los diseñadores no acostumbran analizar los reglamentos en detalle antes de decidir su participación, pues lo consideran una pérdida de tiempo; aunque lo recomendable es lo contrario. Las bases son equiparables a un contrato, donde se establecen los derechos, deberes y garantías, las modalidades de ejecución y los compromisos de las partes. Solo si no nos perjudican se debería pasar a la etapa de diseño.

Por su significación y trascendencia, este tipo de concursos implica una intensa carga emotiva, por la oportunidad de desarrollar un trabajo que representará al Estado en alguna de sus manifestaciones. Esto suele ser una motivación eficaz para enfrentar el desafío con entusiasmo. Por las mismas razones, el Estado debería ser particularmente respetuoso de los derechos de los participantes. Eso sería lo ideal, pero la realidad tiene su propia dinámica, como se verifica en los siguientes casos:

• Marca País Argentina, Gobierno Nacional, 2006. Inconsistencia en la composición del jurado, que contaba con un solo diseñador competente, especialista en identidad.
• Marca Turística Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad, 2007. Múltiples particularidades opinables, que oportunamente detallé en un foro integrado por diseñadores, cosechando algunas vagas solidaridades y no poca indiferencia y hasta fastidio. El concurso fue declarado desierto.
• Identidad para la Participación Argentina en la Feria del Libro de Frankurt 2010, Gobierno Nacional, 2009. Varios puntos cuestionables, entre ellos que no se trata de un concurso de diseño, sino mixto, para generar logotipo y lema. Luego, no debiera ser un concurso, sino dos: logo para un concurso de diseño; lema para uno de redacción. Como en el caso anterior manifesté mis cuestionamientos en un foro, e incluso a los funcionarios responsables de la convocatoria. Con similares reacciones a las del caso precedente, salvo honrosas excepciones.
• Identidad visual del Bicentenario, Gobierno Nacional, 2009. Similares cuestionamientos al anterior, incluyendo diseño y redacción, para desarrollar conjuntamente identidad y lema.
• Telón para el Teatro Colón de Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad, 2009. Este no es un concurso específico de diseño, pero no lo excluye. Novedosos aspectos cuestionables, como pagar solo un premio y adueñarse de todos los diseños pre-seleccionados.

En esta tendencia generalizada, profesionalmente regresiva y con chances ciertas de legitimarse, el Estado —como metáfora y síntesis de la sociedad a la que representa— al menos reconoce y aprecia el valor de fetiche del diseño, por eso lo requiere. En algunos casos se lo apropia como botín, y en otros destaca el valor de ausencia por vía de la declaración de premio desierto. Quiénes deberíamos replantearnos nuestro rol somos los propios interesados: no podemos razonablemente pretender mucho más si no estamos dispuestos a operar —y cooperar— activamente para cambiar este estado de cosas, indigno y ruinoso para la profesión.

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