En el proyecto de intervención física sobre el Casco Histórico de Buenos Aires —«Prioridad Peatón»— cuya piedra del escándalo ha sido la peatonización de la calle Defensa, ha sido objetado por los vecinos y suspendido por la justicia porteña. Esta suspensión ha de considerarse, en principio, un triunfo de la cultura urbana frente a la tendencia globalizadora, predominante en las políticas oficiales de desarrollo urbano; pues las implicaciones y ulterioridades de tales políticas son mucho más graves aún que las denunciadas por los propios defensores del barrio.
Los objetores del proyecto, con sólo defender el actual carácter barrial del Casco Histórico, han puesto el dedo en la llaga del dilema tipo de todo plan de recuperación: perder lo «recuperado». Sobran los antecedentes que dan prueba de dicho riesgo y, entre los casos más conocidos, está la degradación del Casc Antic de Barcelona, ciudad tomada como modelo por los apólogos de la conversión de las áreas de interés histórico en parques temáticos que atraigan un alto flujo de consumidores ajenos a lo que fuera un barrio de vecinos.
Tomemos como ejemplo aquella «piedra del escándalo»: la peatonización de una calle de un barrio histórico con interés simbólico y paisajístico. De ello, Barcelona nos brinda un ejemplo inmejorable: la veloz reacción en cadena de la degradación social, cultural y física del barrio. El encadenamiento de causas-efectos es aproximadamente el siguiente:
En síntesis: muerte del barrio.
Las calles principales del Casc Antic de Barcelona han sido tomadas por extraños: tanto los que allí compran como los que allí venden son invasores. A los vecinos se les ha expropiado su barrio y los que resisten cuelgan carteles en sus balcones clamando «SILENCIO: AQUÍ VIVE GENTE».
En la degradación de un barrio, el flujo de curiosos es mucho más depredador que el automóvil. Lo que modifica el perfil del barrio no son los vehículos sino los peatones. La transgresión de la tipología urbana implícita en la peatonización de áreas históricas no es entonces un mero cambio paisajístico; pues desencadena un cambio socio-urbano indudablemente negativo.
¿Cuál ha sido la argucia que da luz verde a estos operativos librándolos de toda sospecha? Simplemente la milenaria táctica de ocultación de los verdaderos fines. Las obras de remodelación de los centros históricos rara vez van acompañadas por la difusión pública de sus reales objetivos. Se habla de «puesta en valor», «recuperación», «dignificación», «revitalización», «modernización»… dándose por supuesto que dichos términos significan mejoras obvias para el barrio, cuando no lo son.
Una formulación satisfactoria de cualquier intervención sobre un área urbana con valor patrimonial debe partir de una serie de definiciones previas que blanqueen motivos y fines del operativo, a saber:
Estas definiciones, explícitas y claras, permitirían, antes de actuar, ser consensuadas con los vecinos; que no sólo «se alojan allí» sino que reconocen en ese barrio su lugar, el lugar que les pertenece y al cual ellos pertenecen. Podrá entonces definirse democráticamente si hace o no falta intervenir y, en caso afirmativo, determinar el sentido y características de la intervención. Y formular así un proyecto serio, o sea, respetuoso con los reales dueños del barrio.
Pero los proyectos municipales no suelen blanquear los fines ni prever los efectos secundarios (que suelen ser los perseguidos) ni, mucho menos, consensuarlos con los vecinos. Los gobiernos municipales no se asumen como reguladores y equilibradores de la vida urbana sino como dueños de la ciudad y socios de quienes lucran con ella. Los proyectos aparecen, por lo tanto, sin argumentación de fondo. Toda «mejora» es dada por válida per se: restricción de la circulación de vehículos, aumento del nivel de iluminación, incorporación de equipamiento «de diseño», etc. etc., aparecen como medidas en sí mismas progresistas, cuando llevan latente un alto riesgo de efectos secundarios negativos; medidas con que se mata la gallina de los huevos de oro: las supuestas mejoras se transforman rápidamente en «peoras».
Por ignorancia o encubrimiento, la gestión urbana elude el hecho absolutamente obvio de que un centro histórico con perfil urbano de barrio de vecinos es un área frágil, ultra sensible, donde toda alteración de sus características físicas constituye una potencial amenaza de alteración del sistema de actividades que cualifica al barrio como tal. Este fenómeno se repite, ciudad tras ciudad, y hoy se ha instalado en un barrio emblemático de Buenos Aires.
El Casco Histórico de Buenos Aires disfruta —todavía— de un sorprendente equilibrio entre vida propia, interna, y concurrencia externa a su oferta esencialmente cultural. Toda intervención —de realizarse— debería apuntar a consolidar ese frágil equilibrio y no a acelerar el previsible proceso de desnaturalización del barrio.
El proyecto «Prioridad Peatón» es, en realidad, la forma encubierta de otra prioridad: la de rentabilizar el barrio como «cluster» de consumo para beneficio de inversores y usuarios ajenos al lugar. A los efectos prácticos, resulta irrelevante si el gobierno de la ciudad actúa por ignorancia o por intereses propios. El proyecto debe ser interrumpido, ya no cautelar sino definitivamente. E implantarse el principio de «no innovar», bloqueando todo proyecto que no cumpla con las exigencias de rigor en todo plan urbano social y altamente responsable.
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