El diseño es una actividad reconocible y hasta apreciable por la sociedad, que también lo reconoce como un recurso accesible y abundante; aunque falta asegurar su efectiva utilidad como herramienta de comunicación en el imaginario colectivo. La valoración social del diseño es la percepción promedio de nuestros gobernantes del ámbito nacional, provincial y municipal. En este contexto, asistimos a una diversidad de concursos convocados por el Estado, cuyos reglamentos repiten ciertos vicios formales que afectan la calidad de las convocatorias y restringen, en algunos casos de manera abusiva, los derechos de los diseñadores. El común denominador de estas irregularidades es:
Este panorama, con variantes y distintos porcentajes de incidencia, se manifiesta en la mayoría de los concurso oficiales. A priori, uno estaría inclinado a pensar que disposiciones de ese tenor son propias de la actividad privada, presuntamente ávida de sacar provecho en cualquier situación. De ahí la frustración cuando provienen del Estado. Los diseñadores no acostumbran analizar los reglamentos en detalle antes de decidir su participación, pues lo consideran una pérdida de tiempo; aunque lo recomendable es lo contrario. Las bases son equiparables a un contrato, donde se establecen los derechos, deberes y garantías, las modalidades de ejecución y los compromisos de las partes. Solo si no nos perjudican se debería pasar a la etapa de diseño.
Por su significación y trascendencia, este tipo de concursos implica una intensa carga emotiva, por la oportunidad de desarrollar un trabajo que representará al Estado en alguna de sus manifestaciones. Esto suele ser una motivación eficaz para enfrentar el desafío con entusiasmo. Por las mismas razones, el Estado debería ser particularmente respetuoso de los derechos de los participantes. Eso sería lo ideal, pero la realidad tiene su propia dinámica, como se verifica en los siguientes casos:
En esta tendencia generalizada, profesionalmente regresiva y con chances ciertas de legitimarse, el Estado —como metáfora y síntesis de la sociedad a la que representa— al menos reconoce y aprecia el valor de fetiche del diseño, por eso lo requiere. En algunos casos se lo apropia como botín, y en otros destaca el valor de ausencia por vía de la declaración de premio desierto. Quiénes deberíamos replantearnos nuestro rol somos los propios interesados: no podemos razonablemente pretender mucho más si no estamos dispuestos a operar —y cooperar— activamente para cambiar este estado de cosas, indigno y ruinoso para la profesión.
Publicado el 02/10/2009
Amigo mío. En Chile pasan las mismas cosas, incluso con algunas becas que ofrece el gobierno, en donde se pone en duda el criterio de elección del ganador o de la ganadora de dicha beca.
Lo que pasa es que por un lado algunos concursos siempre ponen a los mismos jurados, entonces uno ya sabe por donde va la mano y realiza un trabajo poco creativo pero asegurado, y en otros casos, pensando que van ser competentes, ponen a secretarias, alcaldes, gerentes de jurado. O sea gente que entiende poco o nada de diseño, pero que está ahí porque pertenece a la empresa patrocinadora o auspiciadora.
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